http://lamarinaplaza.com/2013/08/25/el-ladrillo-que-la-crisis-se-llevo/
El ladrillo que la crisis se llevó
- En los años previos a la recesión, la Marina fue escenario de una loca carrera por urbanizar millones de metros cuadrados y construir decenas de miles de viviendas
- Muchos de aquellos macroproyectos se abandonaron por la presión ciudadana o por las circunstancias económicas, pero algunos siguen en pie a la espera de que se reactive la economía
Hace menos de una década, la mayoría de los municipios de la Marina se lanzaron a una cruzada por ver cuál de ellos conseguía más rápido la redacción o revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, una competencia entre pueblos cuya consecuencia final habría sido una multiplicación de la población con millones de metros cuadrados urbanizados y decenas de miles de nuevas viviendas. Eran los tiempos en los que más creció la burbuja inmobiliaria y quien tenía que poner freno a la desmesura especulativa, la administración, parecía mirar hacia otro lado. Apenas unos años después y con la peor crisis de las últimas décadas de por medio, muchos de aquellos macroplanes urbanísticos han pasado a mejor vida o, simplemente, aguardan a que lleguen tiempos mejores.
En la Marina Baixa, de prosperar todos aquellos planes, la comarca habría triplicado su población con nuevas viviendas para casi medio millón de personas en unos 50 millones de nuevos metros cuadrados de suelo urbanizable y en una zona donde los recursos hídricos son muy limitados. Hoy, los rescoldos de aquella deriva de crecimiento desaforado hacia cualquier paisaje, protegido o no, y carente de planificación supramunicipal han dejado un paisaje desolado, millones de metros cuadrados de suelo cultivable abandonados a su suerte.
Nada habría escapado al voraz apetito del ladrillo. Nada parecía escapar a la connivencia entre políticos y promotores. Es conocido cómo en alguna localidad se trasvasó en plena calle dinero negro entre vehículos, cómo se pagaron millones de euros en dinero negro incluso en bolsas de supermercado o cómo un conocido exdirigente futbolístico hizo de intermediario para evitar un proceso judicial urbanístico y fueron ingresados miles de euros en cajas de seguridad de una entidad bancaria de la comarca a nombre de los demandantes. La Vall de Guadalest, el Puig Campana, el río Algar, el Monte Ponoig… Cualquier paraje natural fue susceptible de ser imaginado con una maravillosa urbanización que debía atraer la riqueza al pueblo.
En total, 10 de los 18 municipios de la Marina Baixa arrancaron esta competición en una comarca con históricos problemas hídricos. El resto, tomó el camino del medio, es decir, construir con sus normas subsidiarias o con homologaciones del plan general vigente. A esos casi 500.000 nuevos residentes, además, había que ofrecerles la construcción de siete nuevos campos de golf.
Ninguna revisión de aquellos planes generales, excepto el de Callosa d’En Sarrià, que está pendiente de la resolución del TSJ, ha salido adelante. La comisión territorial de Urbanismo tiene bloqueados desde 2007 los planes generales de Orxeta y Relleu, donde los intereses políticos y empresariales conjugaron a la perfección. En Orxeta, con un gobierno del PSPV-PSOE, el plan contemplaba el desarrollo de siete sectores, dos de ellos en ejecución y otro que ya pertenecía a las anteriores normas subsidiarias, pero los otros cuatro PAIs suponían la construcción de unas 4.000 viviendas, la mitad de ellas en una urbanización con campo de golf en la huerta pegada al casco urbano con vistas al pantano del Amadorio. Orxeta habría pasado de tener un millar de habitantes a casi 15.000 si se hubieran cubierto de ladrillo los más de tres millones de metros del nuevo PGOU.
Ese Plan General provocó la especulación del suelo. De hecho, el juzgado investigó un pelotazo de dos millones de euros con la compra-venta de un millón de metros por parte, entre otros, de un hermano del exconcejal de Urbanismo, a su vez cuñado del exalcalde. Ese suelo, comprado a un particular, acabó al cabo de un año en manos de una mercantil con la que el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico para su inclusión en el PGOU, cuyos redactores, a su vez, eran socios del empresario que lo había comprado.
En Relleu, el proyecto aprobado por el PP local pretendía la urbanización de otros tres millones de metros en cinco sectores, algunos tan alejados del casco urbano que lindaban con los términos de Finestrat o La Vila Joiosa. De los poco más de 1.000 censados se podría haber pasado a una población de 20.000 habitantes en los casi 600.000 nuevos metros cuadrados de techo previstos. Fincas de la familia política del alcalde, Santiago Cantó, del marido de la primera teniente de alcalde, Elisa Font, o de familiares de ediles de otras poblaciones próximas fueron incluidas como urbanizables. De hecho, el regidor firmó cinco convenios urbanísticos con otros tantos promotores que ya habían adquirido la mayoría del suelo con anterioridad para ejecutar una operación en la que estaban involucrados importantes técnicos y profesionales de Benidorm. El regidor de una población de 1.300 habitantes, que no había parado de crecer desde 1991 (717 habitantes), llegó a decir que “si no creces, lo que tienes es población envejecida que muere, y lo que te queda es un pueblo fantasma. Eso es lo que no queremos”.
La Nucia se metió en un avispero urbanístico que ha destrozado su huerta. Los PAIs de La Serreta, Pie de Monte y El Algar iban consumir casi 7 millones de metros cuadrados y preveían la construcción de 11.461 viviendas y dos campo de golf con 1,26 millones de metros de techo, para pasar del 26% al 50% del término municipal urbanizado, dejando solo el 16% de su suelo con la calificación de no urbanizable común, ya que el resto está protegido.
Sin embargo, su alcalde Bernabé Cano, se equivocó de camino. Intentó sacarlos adelante a través de la reclasificación del suelo y todos ellos se quedaron atascados por la falta de aval de la CHJ sobre la suficiencia de recursos hídricos en suelo no urbanizable. Acorralado por los compromisos adquiridos, Cano inició la revisión del Plan General incluyendo los mismos tres PAIs y también un procedimiento para la concesión unificada de los recursos hídricos del municipio y la justificación ante la CHJ de la disponibilidad de agua suficiente que posibilite los desarrollos en los que parece haber empeñado su futuro el regidor de una localidad y una comarca que resultó muy del agrado para algunos de los imputados del caso Gürtel, como Francisco Correa, Álvaro Pérez, Jacobo Gordon o Pablo Crespo. El PAI Pie de Monte en el que pretendían dar el golpe ha sido aprobado recientemente por la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.
Entre los que también apostaron por la reclasificación directa del suelo, aprovechando la LRAU, estuvo Altea. Su actual alcalde, Miguel Ortiz, que ha recuperado la vara de mando tras pactar con Carolina Punset, impulsó la construcción del PAI llamado Puentes del Algar, con su campo de golf y zona comercial, ocupando casi tres millones de metros en el contorno del río, donde se iban a construir 5.260 chalés y apartamentos para 21.041 habitantes, con áreas hoteleras junto a una zona húmeda catalogada. Otras 1.400 viviendas las previó en Cap Blanc, un sector de medio millón de metros entre el puerto de Altea y El Albir. Ambos proyectos están suspendidos, el primero por el TSJ valenciano. El gobierno del PSP-PSOE impulsó la modificación de un PGOU de 1982, remitido a principio de 2011 a la Conselleria y ahora en tramitación.
En Polop el Plan General databa de 1988, pero en 2003 fue sometido a una homologación para incluir 10 nuevos sectores en los que se podrían construir sobre siete millones de metros en la misma falda del Ponoig para que el pueblo pudiera tener 30.000 habitantes en 15 años. El urbanismo de esta localidad ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, incluso policiales. Su desarrollo llegó a ser relacionado por la policía con el asesinato en octubre de 2007 del exalcalde, Alejandro Ponsoda, aunque finalmente la causa urbanística fue archivada por prescripción.
Las dos únicas iniciativas urbanísticas frustradas por la presión ciudadana, que provocó un vuelco político en 2007, fue la revisión del PGOU de La Vila Joiosa, aprobado en 1999 y todavía en pleno desarrollo, y el de Finestrat, que ha consentido que se desperdigaran viviendas por todo su término municipal con unas simples normas subsidiarias.
De los 37 planes parciales que contemplaba el plan de 1999 de La Vila sobre 7,3 millones de metros cuadrados, llegaron a estar en alguna fase de su desarrollo 31. Sin embargo, el anterior alcalde, José Miguel Llorca, se empecinó en ampliarlo y consiguió sacar a exposición pública el concierto previo de otro PGOU para alcanzar casi 140.000 residentes en 65.273 viviendas -40.000 de nueva construcción – , una vez se desarrollaran 19 nuevos PAIs en 10 millones de metros cuadrados de suelo, que también recogían la construcción de dos campos de golf. Nada más conformarse un nuevo gobierno cuatripartito tras las elecciones municipales de 2007, fue retirado.
El PGOU de Finestrat impulsado por el anterior alcalde socialista contemplaba multiplicar casi por seis la población y poder alcanzar los 36.000 habitantes, además de ampliar el casco urbano actual de 59.000 a 112.000 metros cuadrados y pasar de casi las 4.200 viviendas de entonces a las 15.000. Llegó a estar en exposición pública y periodo de alegaciones, pero la victoria del PP por primera vez en el actual periodo democrático permitió a Honorato Algado retirarlo antes de su aprobación definitiva y mantener las normas subsidiarias que habían permitido desarrollar una veintena de planes parciales, además que otros siete recogidos en un concierto previo de 2001.El proyecto preveía recalificar 2,8 millones de metros para unir las urbanizaciones dispersas desde el casco urbano hasta La Cala, a siete kilómetros de distancia
La presión urbanística no fue ajena a los pueblos más pequeños del interior, como Bolulla, Tàrbena, Benifato, Confrides, Sella o Beniardà. Todos ellos pretendieron crecer urbanísticamente, bien por la vía de la redacción de su propio Plan General, bien mediante convenios con promotores que han dejado empantanado al Consistorio, como sucedió en Sella con Sella Hills, un desmonte junto al pueblo para 180 viviendas, donde el exalcalde, Vicente Mas, resultó ser propietario de suelo, o con el balneario de Bolulla, que provocó la recalificación de 56.428 metros para su construcción y la concesión del derecho de superficie de la parcela a una empresa por 75 años. Nunca más se ha sabido.
En Tárbena se aprobó un PGOU para pasar de tener 750 habitantes a unos 5.000, con alguna urbanización diseminada del casco urbano. El Plan General deGuadalest que anuló en 2008 el TSJ también planteó un crecimiento importante de población: pasar de los 200 a los 2.000 censados.
Los casos de Benimantell, Benifato, Beniardá, Bolulla y Confrides son bien diferentes, ya que proyectaron crecimientos restrictivos en torno al casco urbano con apenas unos miles de metros por reclasificar. La mayoría de los PGOU están en trámite, algunos por primera vez, como en Beniardá o Confrides, pero en Benimantell la amenaza se ciñó sobre el paraje de Ondarella y en El Castell de Guadalest se intentó desarrollar el proyecto Ferraget, con 1.547 viviendas en 220.822 metros.
El Plan General de Callosa d’En Sarrià, que se aprobó en 2007, prevé superar los 20.000 habitantes y doblar la población construyendo en más de tres millones de metros cuadrados de las zonas de Bernia, Els Pinets y Anibits-Margequivir, donde se da la curiosa circunstancia de que el Ayuntamiento ha impulsado por gestión directa un PAI anulado por los tribunales y que, así y todo, está apoyado por los tres grupos municipales: PP, PSPV y Compromís con el argumento de siempre: que creará puestos de trabajo y atraerá riqueza al municipio, descolgado de Altea.
De los diez municipios inmersos en la revisión de PGOU, destaca el desarrollo del de L’Alfàs del Pi, que tenía pendientes del anterior cinco PAI junto a la N-332 que en total sumaban tres millones de metros cuadrados listos para urbanizar. La redacción se aplazó la anterior legislatura hasta después de las elecciones ante la denuncia de filtraciones. El crecimiento previsto pasa por alcanzar los 45.000 censados frente a los 19.000 actuales.
En el caso de Benidorm, cuyo Plan General data de 1990, solo se ha ejecutado en un 60%. Quedan pendientes cinco sectores – Armanello, El Murtal, Poniente, Ciudad Médico-Residencial y Lliriets – que proyectan un total de 13.000 nuevas viviendas, con lo que la población pasaría a superar los 108.000 habitantes.
Tres cuartos de lo mismo sucedía en la Marina Alta, en este caso más a golpe de PAI que de nuevo planeamiento. Es decir, sin la más mínima planificación.
Incluso allí donde se planificaba, se hacía mal. Dénia ha perdido ya la cuenta de planes generales frustrados y anulados por los tribunales. En los años inmediatamente anteriores a la crisis, se llegó a aprobar un Plan General Transitorio con un techo de población de 167.000 habitantes, lo que suponía casi cuadruplicar la población que entonces tenía la ciudad. Aquel plan también fue anulado por los tribunales. Después llegó la moción de censura de 2008, sobre la que siempre han planeado también los intereses urbanísticos, y los trabajos del nuevo gobierno por hacer un nuevo PGOU, que siguen sin finalizar.
Pero no hace falta irse a las grandes ciudades del litoral para encontrar casos así. Es más, todavía más desproporcionados eran los planes urbanísticos en las pequeñas poblaciones del interior de la comarca, hasta las que llegó el furor constructor. Un ejemplo: en 2005, entre cinco municipios de la Rectoria (Sagra, Sanet i Negrals, Tormos, El Ràfol d’Almúnia y Benimeli) sumaban apenas algo más de 2.100 habitantes. Y tenían en marcha proyectos urbanísticos que hubieran supuesto multiplicar esa población por 12 con la construcción de 9.000 viviendas y un campo de golf en Sanet que acabó parando la movilización de los vecinos a través de una plataforma que se bautizó como Salvem Sanet.
Y lo mismo sucedía en otros puntos del interior. En la Vall de Gallinera, la Generalitat recalificó medio millón de metros cuadrados de la montaña de la Solana donde una promotora presentó un proyecto de macrourbanización. También aquí la presión ciudadana logró que la Conselleria de Territorio acabara dando marcha atrás y volviera a desclasificar los terrenos, de indudable valor ecológico y paisajístico.
En Benigembla, el macroproyecto llegó a ritmo de canción melódica: el grupo Ballester, del que formaba parte el cantante Julio Iglesias, proyectaba 1.500 viviendas y un campo de golf. Las protestas de los vecinos no sólo acabaron abortando el plan, sino que forzaron también la dimisión de todos los concejales menos uno del ayuntamiento, que inicialmente había dado el visto bueno al plan. Por no hablar del caso célebre de Parcent, que merece un capítulo aparte y donde también la movilización de los vecinos acabó con tres proyectos urbanísticos que sumaban 1.800 viviendas en este municipio de poco más de un millar de habitantes.
Por otros lares, ni siquiera hubo necesidad de hacer nuevos planes generales ni macroproyectos urbanísticos para llevar a cabo un crecimiento urbanístico sin precedentes en los años anteriores a la crisis. Calp es, seguramente, el más claro exponente de esta expansión sobre el territorio que se tradujo en un rápido incremento de su demografía. Pero también Xàbia –con el urbanismo siempre como telón de fondo de las rocambolescas piruetas políticas-, Benissa y Teulada crecieron, seguramente, muy por encima de sus posibilidades.
No llegó a hacerlo tanto Pego, pese al empeño entre 1995 y 2003 de su entonces alcalde, Carlos Pascual, por poner en marcha todos los programas urbanísticos que preveía el Plan General. De entre ellos, destacaba el de Penya Roja, una macrourbanización de 2.000 viviendas que impulsó el grupo Martinsa-Fadesa antes de sucumbir a la crisis. Las obras de construcción se tuvieron que parar tras entrar en quiebra la empresa y tras haber destrozado buena parte de la montaña. Este proyecto tendría su complemento también en un campo de golf que cuenta ya con la aprobación del ayuntamiento y de la Generalitat, pero del que, por el momento, no se sabe nada.
Fuente:http://lamarinaplaza.com/2013/08/25/el-ladrillo-que-la-crisis-se-llevo/
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